Nuevo golpe de efecto para tratar de animar la lánguida venta de viviendas.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes, dentro del Real Decreto Ley
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios en poder del
sector financiero, una exención fiscal del 50% de las rentas derivadas
(plusvalías) de la transmisión de inmuebles urbanos que sean adquiridos
entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre de este año.
Así lo explicó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, donde indicó que se trata de una
medida que tiene la finalidad de "dinamizar el mercado inmobiliario". 
De esta exención se podrán beneficiar personas físicas, jurídicas y no
residentes "siempre que no existan vinculación entre las partes" (ventas
que se realicen por ejemplo de padres a hijos), y se aplicará en el
IRPF, el impuesto sobre la renta de los no residentes y en Sociedades.
Es decir, que para quienes decidan adquirir una vivienda de aquí a
finales del ejercicio habrá una especie de premio fiscal, ya que una vez
que vendan esa casa, sea en la fecha que sea, solo pagarán la mitad de
impuestos por las plusvalías que obtuvieran en la operación.
Esta iniciativa persigue animar la demanda de inmuebles y se suma a
otras ya en vigor como la reducción del IVA de las casas de nueva
construcción del 8% al 4%, que estará en vigor en principio todo ese año
y la recuperación de la desgravación en el IRPF por adquisición de
vivienda sin límite de rentas.
Según los datos del Banco de España
recopilados por EFE, la inversión extranjera en inmuebles españoles, que
se ha incrementado por segundo año consecutivo, no rebasaba los 4.000
millones de euros desde hace tres años ni experimentaba una subida tan
fuerte desde el "boom" del sector inmobiliario.
LA INVERSIÓN EN INMUEBLES EN ESPAÑA POR PARTE DE EXTRANJEROS SE INCREMENTÓ UN 27% EN 2011
Con este repunte, el desembolso realizado por los extranjeros en
viviendas ubicadas en España cerró el pasado año en niveles similares a
los que se registraban en 2006, cuando la inversión se situó en 4.716
millones de euros.
Sin embargo, y a pesar de que el dinero que destinaron los extranjeros
en inmuebles españoles superó con creces en 2011 al que se contabilizó
tanto en 2009 como en 2010, esta cantidad se mantiene aún lejos de las
cifras que alcanzaba en 2007 o en 2008, cuando superaba los 5.300
millones.
El incremento de los fondos destinados por los ciudadanos extranjeros a
la adquisición de viviendas en nuestro país contrasta con el retroceso
que experimentaron las inversiones de los españoles en inmuebles fuera
de nuestras fronteras durante 2011, cuando la cantidad desembolsada fue
un 81 % menor a que se registraba en los niveles máximos de 2007.
El pasado año los españoles invirtieron 618 millones en activos
inmobiliarios fuera de su país, lo que representa una caída del 23,4 %
con respecto a los 807 millones de un año anterior.
Al contrario que la inversión extranjera en España, la española en el
exterior se ha ido reduciendo significativamente desde los años de
esplendor del sector inmobiliario, cuando llegó a superar incluso los
3.000 millones de euros.
Entre los factores que han podido influir en el retroceso de la
inversión española destacan las restricciones crediticias así como la
menor renta de los españoles y la tasa de paro, que en 2011 se situó en
el 22,85 % de la población activa, un ejercicio en el que se superaron
por primera vez los 5 millones de desempleados, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para mejorar la visión del mercado inmobiliario español, el Gobierno
anterior puso en marcha el pasado año un "road show" por distintos
países a fin de captar el interés de los inversores internacionales.
Atraer el interés de los inversores extranjeros en el sector
inmobiliario español también es un objetivo para el presidente de la
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Manuel
Galindo, quien recientemente presentó a las distintas administraciones
un paquete de medidas para potenciar la venta de viviendas turísticas,
unas 250.000, a fin de reducir el "stock".
De lograr venderse estas viviendas, que representan un tercio del
excedente, Galindo indicó que se podrían obtener 50.000 millones. Una
cantidad similar a los recursos que tiene que provisionar la banca o a
los nuevos requerimientos de capital que precisaría si se produce un
deterioro aún mayor de los activos inmobiliarios.
